José Miguel Martín
“Tenemos el deber de defender la masa común de valor que permite y avala nuestras formas de convivencia moral y política. De mantener abierta una sociedad capaz de registrar cambios y avances, el mayor de los cuales es probablemente la posición de equidad entre varones y mujeres. Laicismo y feminismo son grandes conquistas que caminan juntas y no son del gusto de los tradicionalismos religiosos, cristianos, musulmanes o cualesquiera otros, cuya manera de ver y organizar el mundo han combatido; con sensibles mejoras allá donde han conseguido fundar su tabla humanista de valores.”
Fadela Amara (1)
“El mundo iría mejor si no hubiera tantos grupos que creen tener línea directa con Dios”
Woody Allen
El propósito de estas notas no es otro que el de poner por escrito una serie de principios, ideas generales, que en opinión del autor pudieran ayudar a orientar una actuación política en la nueva polis compartida, en las recientes y no tan recientes sociedades multiculturales que estamos conociendo y en las que parece tan necesario y hasta urgente afianzar criterios. Ésta es por tanto una modestísima aportación a tan colosal esfuerzo.
A mi juicio, las personas que abogamos por la construcción de sociedades justas y libres nos debemos ocupar en profundidad de los debates acerca de la multiculturalidad como fenómeno de hecho ya real, presente y eminentemente positivo, a nuestro juicio, y el multiculturalismo (2), la integración, fusión, o cualquier otro modelo de organización y gestión de la diversidad cultural en nuestras sociedades, sobre todo cuando éstos remiten a conflictos entre los derechos, libertades y valores comúnmente aceptados y las ideas y prácticas de algún grupo étnico o comunitario. Adelanto que participo de la idea general de que el multiculturalismo es, entre todos estos modelos, uno particularmente problemático por, entre otras cosas, su promoción de la diferencia en el seno de la sociedad; su concepción parcelaria de la misma, que camina en dirección contraria a la cohesión social; la puesta en práctica de una mirada conservacionista de las comunidades, cuando no de las tradiciones, costumbres, etc. como eje articulador de la vida en común; sus innumerables flancos abiertos a las demandas en cuanto a la diferencia de derechos; la defensa del fundamento por el cual la igualdad de oportunidades tiene que ver sobre todo con el reparto de las mismas atendiendo a criterios de origen; su asignación del rol de representantes comunitarios a lobbies de dudosa representatividad y/o legitimidad; su insistencia en encasillar al individuo en una comunidad de origen sin orientar suficientemente su acción hacia los valores compartidos de la sociedad de destino...
Abundando en esto, creo que no ayuda precisamente confundir todos estos debates con otros también relacionados con la diversidad -las tradiciones, las costumbres, el folklore, la gastronomía, los modos y usos en el vestir...- si éstos no tienen que ver con los derechos y libertades (3). Sin restar importancia a estas últimas cuestiones, pienso que las primeras son las cruciales. La diversidad cultural ya existente, considerando exclusivamente estos asuntos laterales, parece anunciar cosas eminentemente positivas y enriquecedoras, pero por sí sola no puede representar un argumento de peso para los debates que aquí queremos sucintamente tratar.
Reconocer que pueda haber determinadas personas, o grupos de personas, que se sientan discriminadas por el hecho de tener una identidad diferente a la mayoritaria u original en un territorio (4), no nos debe ser ajeno, para lo cual parece buena idea defender una concepción del individuo en tanto que sujeto activo de una sociedad, que detenta unos derechos y ejerce unas libertades, iguales para todos, y cuya procedencia, origen étnico, comunidad identitaria, etc. son, en el mejor de los sentidos, secundarios. Esto también debiera valer para aquellos individuos que puedan sentirse constreñidos en sistemas de normas y valores comunitarios, susceptibles de ser más restrictivos que los del resto de la sociedad, y aspiraran a una relajación de los mismos, cuando no a simplemente vivir fuera de su “comunidad de referencia”. Dicho de otra manera: situar asuntos como compartir una determinada procedencia étnica como la tarjeta de presentación del individuo ahonda en la dirección de considerar a la persona como portadora de unos valores y esencias inmanentes, heredados de sus antepasados, que comparte con sus compatriotas contemporáneos, cuyo deber es transmitir hasta el fin de los tiempos y, por último, implicar a la sociedad y sus instituciones en esta última tarea. Cabe por tanto criticar también al multiculturalismo, como modelo y en sus diferentes variantes estadounidense, británica, holandesa, canadiense,... el que pretenda encerrar a los individuos (y a sus hijos, nietos, bisnietos,...) permanentemente en el cajón de la identidad. De igual forma, es deleznable utilizar el origen o pertenencia a una comunidad determinada como coartada para la discriminación e injusticias de todo tipo. Por tanto, relativicemos, todos, sin obviarlas, la importancia y fortaleza de nuestras respectivas identidades culturales, poniendo el acento en los puntos de encuentro que poder compartir.
Resulta obligado detenernos aquí en el concepto de cultura que se suele utilizar en estos debates y reflexionar acerca de la fuerte carga ideológica que conlleva en múltiples ocasiones, ocultando relaciones de poder y dominación, que sólo pueden suscitar nuestro rechazo. No me refiero a la cultura como “saber acumulado de una sociedad, individuo,...” ni como “manifestaciones artísticas”, etc., sino a la misma entendida como sinónimo de tradición o directamente para referirse a las normas y valores a los que antes me refería. Se dice “en mi cultura, es normal que esto se haga así,...”. Y sobre la base de afirmaciones como ésta se apuntala un principio de legitimidad más que discutible, que no debiera operar en una sociedad de individuos libres. En este último caso, no podemos dejar de ver las citadas relaciones, en las que suelen asentarse discriminaciones de todo tipo. Desconfiemos también, por tanto, de este uso de la palabra cultura (5).
Nuestras sociedades occidentales, con sus innumerables problemas y conflictos, han conseguido en los últimos dos siglos, gracias al empeño y sacrificio de hombres y mujeres de toda condición, un catálogo de derechos y libertades del que desgraciadamente no disfrutan ciudadanos/as en muchas zonas del mundo. Por extraño que parezca, hay personas que no comparten esta afirmación, incluso aquí; pero, si estamos de acuerdo en esto, convendremos en que parece un objetivo interesante colaborar a extender dicho catálogo allí donde se pueda (6) y protegerlo, conservarlo y ampliarlo en nuestras propias sociedades, por ejemplo no permitiendo el que determinados individuos, grupos, comunidades, etc. queden al margen del mismo. Resta además la urgente tarea de que a estos derechos y libertades se le unan pronto, allí donde no los hubiera ya, mecanismos de integración social de todo tipo que eviten la percepción, muchas veces acertada, por parte de individuos pertenecientes a estas comunidades, de ser ciudadanos de segunda y/o tercera categoría, o simplemente “no ciudadanos”, en medio de un “bienestar generalizado”.
Por descontado, es razonable pensar que el empeño de reforzar y ampliar la base de derechos y libertades en nuestra sociedad encontrará la resistencia y la oposición de tradicionalismos de todo tipo, puesto que así fue (y en algunos casos sigue siendo) en Occidente en el pasado (7). Menos razonable resulta dar aliento a los mismos, apoyándonos en supuestas excepcionalidades o relativizando la utilidad y/o conveniencia de dichos derechos y libertades. No parece aceptable plantear que lo que fundamenta gran parte de nuestro bienestar no deba o no pueda ser compartido por la población de otros países o la población inmigrada en Europa. Rizando el rizo: se da a veces entre personas y colectivos, progresistas y frecuentemente comprometidos, un cierto “complejo de inferioridad o culpa” basado en la idea de que Occidente ha hecho mucho daño por la vía del imperialismo, neo-colonialismo, etc. a los países empobrecidos, de donde procede gran parte de la inmigración que actualmente conocemos en Europa. Apoyados en este argumento, no debiéramos ser “prepotentes” y considerar nuestros valores, en los que basamos gran parte de nuestro bienestar, como dije arriba, “superiores” ni exportables (8). De la mano de esto, suele venir una consideración de las diferentes comunidades como espacios carentes de conflicto, armoniosos en su interior, no mancillados por la mano impura del hombre blanco (9). No falta el argumento más elaborado: “No somos quienes para juzgar lo que hacen otras culturas, pues éstas son inconmensurables y nuestros criterios y valores no son necesariamente válidos para enjuiciarlas, etc.”. Sin querer hacer tabula rasa de la actuación de las potencias coloniales en el pasado y el presente, detestable en muchísimos aspectos, esto no parece suficiente para justificar una actitud pasiva, apocada y hasta indiferente en este presente que nos ha tocado vivir y ante las cuestiones que ahora nos ocupan. Además, sería deseable una capacidad de empatía y una solidaridad mayores con aquellos sectores de población, aquí y allá, que no disfrutan de los derechos y libertades que todos nosotros, estas personas y colectivos también, disfrutamos. No se puede entender cómo el miedo a aparecer como prepotentes o falsamente superiores ciegue a personas honestas y combativas ante las evidentes situaciones de disminución de derechos que nos encontramos.
Por otro lado, soy de la opinión de que no debiéramos permitir que estos pequeños pero influyentes tradicionalismos sirvan de coartada para la estigmatización y discriminación de las personas, grupos, comunidades, etc. foráneos, entre otras vías, erigiéndose en sus representantes. De igual manera, sólo estas ortodoxias comunitaristas pueden sacar tajada de actitudes provocadoras o hirientes que pudieran darse, enmascaradas bajo una discutible interpretación de la libertad de expresión. En medio de estas polémicas, se suele abrir paso una derecha occidental que, bajo un disfraz falsamente liberal, enarbola la bandera de los valores de la Modernidad para levantar nuevas fronteras infranqueables desde la que justificar la segregación, combatir la inmigración, asociarla indefectiblemente con el terrorismo, la delincuencia, etc.: una derecha especializada en el “haz como yo digo, no como yo hago” que calla y/o apoya los tradicionalismos vernáculos de todo tipo e igual de rechazables. Son los esforzados defensores de la existencia del “inintegrable cultural”: “algunas culturas no pueden ni quieren integrarse en nuestros sistema de valores y no debemos perder demasiado tiempo con eso, desechemos cualquier posibilidad de convivencia” (10). Bien, pues desconfiemos de estos adalides que le han salido a la Ilustración, que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, que se rasgan las vestiduras ante los “atentados a la libertad de expresión” y han callado y disfrutado ante las más ignominiosas expresiones autoritarias y dictatoriales que hemos padecido en Occidente en el pasado. Sólo en una concepción inclusiva de la ciudadanía, dotada de significados abstractos y concretos, apoyada en prácticas de justicia social, donde nos podemos encontrar para evitar situaciones de discriminación de todo tipo: por parte de la sociedad receptora, si no acepta al otro en condiciones de igualdad, y por parte de aquél que tratara de construir una frontera infranqueable desde la que poder perpetuar dominaciones y servidumbres inaceptables.
En este mismo sentido, la conculcación de derechos, la negación de libertades... en familias, barrios, comunidades,... son señales suficientemente graves como para que las personas interesadas en construir una sociedad basada en fuertes valores éticos estemos alerta. Si no confundimos estas señales con, por ejemplo, la sana y enriquecedora exteriorización de signos culturales propios, estaremos de acuerdo en que el consenso no es ni demasiado útil ni suficiente para atajar estos problemas. El consenso es la decisión en la que todos están de acuerdo; en una negociación, todas las partes ceden hasta llegar a un punto más o menos satisfactorio. Preguntémonos, en concreto, ¿en qué derechos y libertades estaríamos dispuestos a ceder para dar contento a los tradicionalistas que dicen representar a algunas comunidades así como a fervientes relativistas? (11) ¿En qué lugar dejaría esto entre otras cosas a las leyes que en democracia ordenan la convivencia y que son fruto de la decisión de la mayoría de una sociedad? ¿No tendría el Estado nada que hacer ante todo esto, como por ejemplo garantizar los derechos de aquellos en peor condición para ejercerlos? (12)
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